El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Sentencia de fecha 29 de marzo de 2012, ha establecido que cuando en una licitación pública se presentan ofertas con precios anormalmente bajos, la Administración o empresa pública no puede excluir esas ofertas sin antes verificar la composición de la oferta y solicitar a los candidatos que aporten las justificaciones necesarias para demostrar que esas ofertas son serias.

Hasta el pasado 30 de junio de 2011, venía siendo práctica habitual que la solicitud para la obtención del NIE (Número de Identificación de Extranjeros), documento que se exige a los no residentes para poder realizar operaciones económicas u otros actos profesionales o sociales en España, se tramitase a través de terceros apoderados, especialmente en casos de no residentes que viviendo en el extranjero, eran nombrados administradores o miembros de los Consejos de Administración de sociedades esp...

Con fecha reciente, el 21 de marzo de 2012, la ASA (Advertising Standars Authority), organismo éste equivalente en UK a lo que sería en España el Jurado de Autocontrol de la Publicidad, ha resuelto la reclamación interpuesta contra una importante campaña publicitaria referida al producto (gel de baño) Sanex Zero % de la compañía Colgate-Palmolive, considerando que la misma confunde a los destinatarios de la publicidad acerca de la composición y propiedades del producto publicitado, y por tanto, ...

El pasado 30 de marzo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley de 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español diversas Directivas entre las que se encuentran, la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, y la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre comunicaciones electrónicas.

En fecha 28 de marzo de 2012 la Comisión Europea (CE) ha anunciado la imposición de importantes multas en dos casos de cárteles de fijación de precios: uno que afecta a fabricantes de metal para ventanas, y otro a empresas de transporte aéreo internacional.

En uno de nuestro últimos posts del Observatorio de Santamaría & Pera, http://alturl.com/eapfi, ya anunciábamos la novedosa Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el mes de noviembre de 2011, y causa de dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de España, en la que planteaban cual es el procedimiento a seguir para considerar procedente el tratamiento de datos de carácter personal, cuando no concurra el consentimiento del interesado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de fecha 16 de febrero de 2012, ha establecido que a los prestadores de servicios de alojamiento de contenido en Internet y, más concretamente, a las Redes Sociales, no se les puede exigir que dispongan de un sistema general de filtrado que compruebe que la información y contenidos alojados en sus servidores no violan derechos de propiedad intelectual de terceros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a través de una sentencia dictada a finales del mes de noviembre de 2011, causa de dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo (España), resuelve y aclara cuales son los requisitos y el procedimiento a seguir para considerar procedente el tratamiento de datos personales, cuando no concurra el consentimiento del interesado.

En fecha 20 de enero de 2012, la Comisión Nacional de la Competencia ha dado a conocer la imposición de importantes multas, de 2.098.280,00 € y 1.881.570,00 €, a las empresas Montesa Honda y Suzuki Motors, respectivamente, por considerar acreditado que dichas empresas en el año 2009 intercambiaron información sensible, concretamente, los precios de venta a mayoristas y los precios de venta al público recomendados para determinados modelos de sus motocicletas.

En la práctica es muy frecuente que cuando una empresa deudora (imaginemos un distribuidor) solicita a su proveedor (imaginemos un fabricante) un aplazamiento en los pagos (por ejemplo, aplazamiento del precio de los suministros), el acreedor, para conceder dicho aplazamiento, solicite alguna garantía, por ejemplo, el aval del administrador y/o de los socios de la empresa distribuidora.